En estas dos últimas semanas, como probablemente muchos de ustedes lo han hecho, he seguido los acontecimientos vinculados al proceso de solicitud de protección realizado por el presidente electo de Venezuela, al gobierno del Reino de España, así como también la conducta del gobierno venezolano para la concesión del respectivo salvoconducto que le permitiese marcharse del país. También, he seguido las incidencias del señor González Urrutia, una vez en España y la discusión en el parlamento español de su reconocimiento como presidente electo de Venezuela. Durante este tiempo se han multiplicado las noticias, rumores, quejas y otras situaciones que, a muchos, como a mí, les resultan incomprensibles además de causar tremenda confusión.
En el caso de Venezuela, la oposición venezolana, asumiendo el principio de alternabilidad democrática frente a la opción de perpetuarse en el poder, participó en los comicios del 28 de julio de 2024, proceso totalmente controlado por los organismos del gobierno madurista. Los resultados, aun en disputa, de acuerdo a las evidencias disponibles otorgan a la oposición el triunfo con un 70% del sufragio nacional emitido, lo que ha sido desconocido por los poderes gubernamentales venezolanos.
Estos acontecimientos me han hecho pensar en las complejidades de la gobernabilidad democrática cuando una de las partes o de los actores políticos involucrados quiere mantenerse indefinidamente en el poder amparándose en un “juego electoral” que se desarrolla de acuerdo a reglas, estrategias y mecanismos que permiten o restringen a candidatos, partidos, votantes y otras partes interesadas que participen en el proceso electoral sin garantías de equidad e integridad electoral. En este contexto juegan un papel crucial una oposición política bien organizada, la participación de movimientos sociales, los medios de comunicación y el acompañamiento de miembros de la comunidad internacional.
Impulsado por mi preocupación acerca de la alternabilidad democrática, uno de los pilares de la gobernabilidad democrática y viendo los eventos recientes en Venezuela, me dediqué a buscar información sobre situaciones similares ocurridas en la historia reciente y encontré las siete posibilidades siguientes: (i) Transición negociada o pactada: caso de Chile (1988-1990) y caso de España (1975-1978); (ii) Revolución o levantamiento popular: caso Rumanía (1989) y Egipto (2011); (iii) Golpe de Estado: caso Portugal (1974 - Revolución de los Claveles) y Mali (1991); (iv) Elecciones controladas que se salen de control: caso de Polonia (1989) y Nicaragua (1990); (v) Colapso interno del régimen: caso de la Unión Soviética (1991) y de Argentina (1982-1983); (vi) Intervención externa: caso de Irak (2003) y Panamá (1989); (vii) Sucesión gradual y apertura: caso de México (1990s-2000) y Taiwán (1987-1996).
El Proyecto de Justicia Global.
En mi búsqueda me encontré, también, con el Proyecto de Justicia Global (Global Justice Project, GJP) una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el estado de derecho y los derechos humanos en todo el mundo. Este proyecto ha identificado ocho factores clave para tipificar una sociedad como justa y equitativa: (i) limitaciones al poder gubernamental para evitar abusos de autoridad (poder judicial, prensa libre, elecciones justas); (ii) ausencia de corrupción y rendición de cuentas para prevenir la corrupción; (iii) gobierno abierto con acceso a información, participación ciudadana y decisiones justas; (iv) derechos fundamentales y protección a los derechos básicos (vida, libertad, seguridad) para todos; (v) Orden y seguridad para la prevención del crimen y seguridad ciudadana; (vi) aplicación de las normativas reguladoras fuertes para proteger a la población; (vii) Justicia civil justa y eficiente para prevenir disputas entre individuos y organizaciones; (viii) Justicia penal justa y respetuosa de los derechos humanos. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/Index-Methodology-2023.pdf
Para la medición de estos factores, que se realiza anualmente en 142 países, se ha construido una escala entre 0 y 1, donde 0 indica no cumplimiento y 1 cumplimiento de la totalidad de los factores.
De acuerdo a su valoración que recibió Venezuela en dicha escala, un puntaje de 0.28 ocupa la posición 141, mientras que Dinamarca con un 0.94 ocupa la posición 1. La diferencia de 0.71 puntos entre ambos países implica una brecha enorme en el ejercicio del poder gubernamental, la participación ciudadana, la garantía de los derechos fundamentales y la protección de los derechos básicos, de acuerdo a los criterios del GJP.
A modo de cierre
El deseo de permanecer en el poder por algunos regímenes, aunque realicen votaciones, les conduce a establecer reglas del "juego" que suelen estar manipuladas o controladas para asegurarse su continuidad en el poder. Esto puede incluir limitaciones a los partidos opositores, manipulación de los resultados, control de los medios, o incluso el fraude. En este tipo de "juego", el resultado puede estar predeterminado, y el proceso carece de competencia real o equidad.
Una gobernabilidad democrática apoyada en la alternabilidad del poder requiere de un contexto fundamentado en un estado de derecho y de una sociedad justa y equitativa donde todos los actores políticos tengan las mismas posibilidades de participar libremente y de esta manera se fortalezca la legitimidad y la estabilidad del sistema democrático.
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Osofeliz Editores
Emilio Osorio Álvarez
Profesor Titular, Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas (FACES) y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Post Doctor y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Master en Ciencias Demográficas, Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sociólogo de la Universidad de Puerto Rico (UPR).